Miles de familias en Colombia han construido sus hogares y negocios sobre bienes fiscales durante décadas, pero el Estado sigue sin ofrecerles una solución clara. Ni se venden ni se adjudican, lo que los deja en un limbo jurídico que impide su aprovechamiento y frena el desarrollo. Esta incertidumbre bloquea proyectos y mantiene a sus ocupantes sin estabilidad ni seguridad jurídica.
Los bienes fiscales son propiedad de entidades públicas como alcaldías, gobernaciones e instituciones estatales y, en principio, están destinados a funciones o servicios públicos. Estos incluyen terrenos y edificaciones que, desde el 1º de julio de 1971, no pueden ser adquiridos por prescripción, según lo establece el numeral 4º del artículo 413 del Decreto 1400 de 1970 (Código Civil Colombiano)
Si estos predios no pueden ser adquiridos por posesión, ¿qué alternativas existen? La Ley 2044 de 2020 permite su cesión gratuita o venta directa al valor catastral. Sin embargo, su aplicación sigue siendo limitada, dejando a miles de familias en la incertidumbre jurídica.
La falta de voluntad política y la burocracia han frenado la implementación de estos mecanismos. Sin una política clara de titulación, los predios seguirán en el limbo, afectando a sus ocupantes y al desarrollo. Peor aún, algunas entidades tratan la ley como una facultad discrecional, negando trámites y recuperando terrenos sin ofrecer alternativas.
Las mejoras realizadas por los ocupantes generan una confianza legítima que no puede ser ignorada. Si una entidad decide recuperar el predio sin compensar estas inversiones, debe responder mediante una demanda de reparación directa.
Ahora bien, la cesión gratuita o la venta del predio solo será obligatoria cuando no se trate de bienes de uso público, terrenos destinados a instituciones de salud o educación, áreas insalubres, de alto riesgo no mitigable, zonas de conservación ambiental u otras restricciones establecidas en los artículos 35 y 37 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial.
La inacción de las entidades públicas sobre los bienes fiscales frena el desarrollo y deja a miles en la incertidumbre. Si estos terrenos no tienen un uso definido, deben adjudicarse a quienes ya los ocupan y generan empleo, inversión y progreso. Titular no es solo justicia, sino una oportunidad para dinamizar la economía y garantizar un uso eficiente del suelo. ¿Cuánto más debe esperar la gente para que el Estado actúe?
