Rosa, habitante del municipio de la Calera, Cundinamarca adquirió en el año 2014 un predio de 10000 metros cuadros por un valor de 1.000.000.000 millones de pesos, el cual fue vendido por un familiar cercano en el cual ella confió y no se asesoró para realizar un estudio jurídico con el fin de determinar si el predio contaba con limitaciones, gravámenes, afectaciones y si en efecto le estaban vendiendo propiedad privada.
En el 2024, llegó a su predio el representante de una constructora con la finalidad de comprarle el inmueble a Rosa por 1.500.000.000, debido a que se quería ejecutar proyectos de viviendas en el terreno. Sin embargo, la constructora se percató por medio de un estudio de títulos jurídico que Rosa no tenía una propiedad privada, sino unos derechos y acciones que le habían vendido. Por lo tanto, solo le ofreció la suma de 500.000.000 millones de pesos, fundamentado en que el terreno de ser objeto de formalización dicha y eso conlleva un costo de tiempo y dinero.
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