La jurisdicción agraria no está atada a ninguna ideología política. Es un compromiso que nuestra sociedad debió asumir hace muchos años para abordar de manera efectiva el conflicto interno sobre la tierra en Colombia, una guerra que ha dejado más de 220 mil personas muertas y ha causado un sufrimiento inmenso en las comunidades rurales.
Esta obligación jurídica se establece en cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, específicamente en los puntos sobre acceso y uso de la tierra. También responde a la sentencia SU-288 de 2022 de la Corte Constitucional, que subraya la necesidad de una justicia especializada en temas agrarios. Finalmente, el Acto Legislativo 03 de 2023 modifica la Constitución para formalizar esta jurisdicción.
El propósito de establecer una jurisdicción agraria es contar con un sistema judicial especializado que pueda gestionar de manera eficiente los conflictos relacionados con la propiedad, posesión, ocupación y mera tenencia de tierras en las zonas rurales. Muchos residentes en estas áreas enfrentan serias dificultades para acceder a la justicia debido a la falta de infraestructura judicial adecuada y la distancia con los centros urbanos.
Actualmente, los conflictos agrarios son manejados por jueces civiles que, aunque competentes, no cuentan con la especialización necesaria en derecho agrario. Esta situación es comparable a cuando se estableció una jurisdicción especializada en Derecho Administrativo para gestionar de manera más eficaz los asuntos del sector público.
Así como la creación de una jurisdicción administrativa permitió una mejor resolución de problemas en la Administración Pública, la implementación de una jurisdicción agraria es esencial para asegurar que los conflictos sobre la tierra sean gestionados por expertos con un conocimiento profundo de las complejidades del ámbito rural. Esto garantizará una resolución más justa y efectiva de las disputas, adaptada a las realidades y necesidades de las comunidades afectadas.
No olvidemos la congestión judicial que vive la jurisdicción civil, que no le permite atender de manera adecuada los conflictos agrarios. Esta sobrecarga impide que se resuelvan con la prontitud y especialización necesarias, afectando negativamente a quienes buscan justicia en temas tan cruciales como la tierra.
La justicia debe ser accesible y relevante para quienes más la necesitan. Esperemos que el Congreso reconozca la urgencia de este asunto y apruebe el proyecto de ley que reglamenta las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, presentado por el Gobierno el 27 de agosto de 2024.
