El 10 de diciembre de 2024, las Comisiones Primeras de Senado y Cámara aprobaron la Ley Ordinaria de Jurisdicción Agraria, eliminando la polémica figura de la «expropiación express«. Este avance garantiza que los procesos de expropiación sigan siendo judiciales y no administrativos, asegurando que un juez especializado tome decisiones justas.
Desde la Ley 160 de 1994, la expropiación debía ser decidida por un Tribunal Administrativo, lo que garantizaba el debido proceso y la protección de los derechos de los propietarios. Sin embargo, el proyecto inicial de la nueva Ley planteaba que la Agencia Nacional de Tierras pudiera realizar expropiaciones mediante actos administrativos, dejando al propietario la carga de acudir a los jueces agrarios para impugnar la medida.
Si la expropiación ya se materializaba exclusivamente a través de un proceso judicial, surge una pregunta clave: ¿por qué el Gobierno intentó delegar esta facultad en una autoridad administrativa, sabiendo que no tiene competencia judicial para llevar a cabo expropiaciones?
Esta delegación fue interpretada por muchos como una «expropiación express» y generó gran controversia. Así lo establecía el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley Ordinaria de Jurisdicción Agraria:
“Parágrafo 1°. Los procesos agrarios especiales de los que trata la Ley 160 de 1994 contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo, sin perjuicio del control judicial que ejerce esta Jurisdicción a través de la acción de nulidad agraria a la que se refiere el numeral 23 de este artículo.”
Gracias al consenso alcanzado entre el Gobierno, la oposición y los propietarios, se logró la eliminación de este parágrafo, disipando el temor a una expropiación express al estilo de Hugo Chávez y asegurando que los derechos de los propietarios estén protegidos bajo un proceso judicial transparente y garantista.
Para reflexionar: Si realmente se busca establecer una jurisdicción agraria que resuelva los conflictos sobre la tierra en Colombia de manera justa y efectiva, resulta contradictorio que una entidad como la Agencia Nacional de Tierras siga manteniendo las mismas competencias. La solución debe pasar por una justicia especializada que proteja los derechos de los propietarios, no por una autoridad administrativa con capacidades limitadas.
