La propiedad privada es un pilar fundamental de nuestra sociedad; es el reflejo del esfuerzo y trabajo de muchas familias. Más que un tema legal, es un principio que sostiene la justicia y la equidad. Sin embargo, este derecho está amenazado por las invasiones de terrenos que se multiplican en el país. Protegerlo es un deber de todos.
Hay muchas familias sin un hogar, no se desconoce, pero es injusto que los propietarios sean quienes carguen con esa responsabilidad cuando les invaden sus predios. Las invasiones no solo destruyen patrimonios, también generan inseguridad y desconfianza. Es el Estado quien debe ofrecer soluciones ágiles, respetando los derechos de todos.
Si tu propiedad es invadida y el Estado no responde, puedes reclamar una indemnización. La ley permite interponer una demanda de reparación directa si has denunciado y cumplido los procesos legales. Este derecho tiene un término de dos años y es una herramienta clave para proteger tu patrimonio frente a la inacción de las autoridades.
Muchos desconocen cómo defenderse en estos casos. Recuperar un terreno invadido requiere información y apoyo. Es fundamental que los ciudadanos sepan que no están solos y que existen caminos legales para hacer valer sus derechos. La clave es actuar a tiempo y con las herramientas adecuadas.
El Estado no puede excusarse en el ‘interés general’ y ‘orden público’ para ignorar las invasiones. Las soluciones deben venir desde las instituciones, no a costa de los propietarios. Permitir esta situación afecta la confianza en la justicia y fomenta divisiones sociales que podrían evitarse con acciones responsables.
La Agencia Nacional de Tierras debe actuar con rapidez en las zonas más vulnerables, adquiriendo tierras para dar soluciones reales a las familias sin hogar y prevenir futuras invasiones.
La inacción del Estado no solo agrava el problema, sino que destruye la confianza en la justicia. Defender la propiedad privada es proteger los sueños de quienes han trabajado por ellos.
