En un país como Colombia, donde la historia de la tenencia de la tierra está marcada por la informalidad, la incertidumbre sobre la propiedad afecta a miles de ciudadanos todos los días. Esta situación genera inseguridad jurídica y exige soluciones a través de un marco legal que facilite la legalización de predios, ya sea mediante procesos administrativos o judiciales.
Recientemente, en un video de TikTok, explicaba cómo un poseedor que lleva 10 años en un predio, con ánimo de señor y dueño, puede iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, para obtener la propiedad, incluso si ya existe un propietario registrado en el folio de matrícula inmobiliaria.
Esta situación generó críticas por parte de los usuarios, quienes expresaron su indignación ante la posibilidad de que un tercero, sin un título legítimo, pueda prescribir el predio que legalmente pertenece a otro. Para muchos, esto se percibe como un robo, un acto deshonesto, o una violación de los derechos de propiedad.
Es sorprendente que, en pleno siglo XXI, aún existan dudas sobre estos procesos judiciales, cuando desde la Ley 120 de 1928 ya existía un mecanismo para la prescripción y registro de propiedades en Colombia. El Derecho, en su esencia, sanciona al propietario que no utiliza su propiedad, permitiendo que otros puedan poseerla y prescribirla a su favor.
Este mecanismo legal, aunque malinterpretado, busca regularizar a quienes no han podido formalizar su propiedad. No es un acto injusto, sino una herramienta que brinda certeza en un país con tantas tierras informales. Su objetivo es evitar un limbo jurídico y reducir los conflictos de propiedad.
Aunque la prescripción de dominio pueda parecer injusta, responde a la realidad de miles de colombianos que viven en predios sin título. El Estado debe actuar para regularizar estas tierras y garantizar que la propiedad sea accesible para todos.
La solución no está en rechazar la prescripción, sino en implementar un sistema más ágil y económico para legalizar los predios. Esto reducirá la incertidumbre, fomentará la paz social y garantizará la seguridad jurídica para todos.
