Imagina despertar un día y descubrir que tu predio ha sido invadido por decenas de personas que han comenzado a construir viviendas sobre tu propiedad. A pesar de haber tomado todas las acciones necesarias -penales, policivas y administrativas – el Estado no te restituye tu inmueble, alegando razones de interés general y de orden público.
Esta situación no solo es profundamente frustrante, sino que también vulnera el derecho de propiedad que tienen todos los colombianos. Afortunadamente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido líneas de reparación que permiten a estos propietarios obtener una indemnización por parte del Estado.
La ocupación del predio genera un grave desequilibrio en las cargas públicas, ya que el propietario asume una carga desproporcionada al perder la posesión de su propiedad, afectando gravemente su derecho de dominio. No debería ser él quien cargue con la responsabilidad que corresponde al Estado por la situación de personas que carecen de vivienda.
Es fundamental que los ciudadanos sean conscientes de que, para acceder a la reparación, cuentan con un plazo limitado de solo dos años para interponer la demanda. Este término generalmente comienza a contarse desde el día siguiente a la ocupación, lo que subraya la necesidad de actuar con celeridad y no dejar pasar el tiempo.
La reparación por las ocupaciones de terceros debe ser considerada como la última opción. Lo primordial es que el Estado defienda la propiedad privada, restituyendo el inmueble al ciudadano cuya posesión ha sido usurpada. De esta acción depende no solo la convivencia pacífica, sino también la justicia social en nuestra sociedad.
Si permitimos que el derecho a la propiedad sea desdibujado por la inacción del Estado, ¿qué mensaje enviamos sobre el valor de la justicia y la responsabilidad? La defensa de la propiedad no es solo una cuestión de intereses individuales, sino un baluarte para la integración y cohesión social.
